Economia Peruana by Joaquin Guzman (ebook reader wifi TXT) 📕

Pocos países pueden ser tan impredecibles como el Perú, desde una perspectiva económica como política. El Perú estuvo al punto del colapso económico y social, hacia fines de los años ochenta del siglo pasado, con una hiperinflación y crisis fiscal aguda provocada por una mala administración económica en una difícil coyuntura internacional, una profunda crisis estatal y, por si fuera poco, con toda la tensión de una violencia política y terrorista inédita. Pocos años después, el país alcanzó altas tasas de crecimiento con una inflación de menos de un dígito y comenzó a pacificarse, generando una estabilidad económica pocas veces vista en los últimos cincuenta años en este país. Existen distintos factores por los cuales la economía resurgió, sin embargo también existen peligros los cuales la economía actual en el Perú puede sufrir.

Lo notable es que el crecimiento y la estabilidad económica de inicios del milenio no logró generar un sistema político paralelamente estable, sino todo lo contrario, a tal punto que aquel presidente que dejó al país en situación de emergencia en 1990 volvió al poder el año 2006, marcado por el síndrome del “mal menor” frente a una alternativa nacionalista anti-neoliberal, fruto de la crisis de representación política y de la crisis distributiva exacerbada por el modelo neoliberal en el Perú. 

El resultado mayor del nuevo modelo económico, generado por la aplicación de las recetas 

del Consenso de Washington en un país con un sistema político debilitado, es: estabilidad económica con desigualdad distributiva y fragilidad política. Existe siempre la posibilidad latente de que se generen escenarios de inestabilidad que retracen las posibilidades de desarrollo que tiene el Perú, frente a una coyuntura internacional muy favorable y si tomamos en cuenta el cambio de su estructura productiva. El propósito de este artículo es tratar de explicar cómo se ha llegado a esta situación, qué factores no permiten entrar el círculo virtuoso de crecimiento y estabilidad económica con mayor equidad y gobernabilidad y qué perspectivas futuras tiene el Perú de alcanzar mejores condiciones de desarrollo humano. 

En estos últimos 16 años en el Perú han habido cambios importantes, sin embargo estos cambios no han logrado conmover algunos problemas estructurales, quizás los más importantes. La desigualdad, la pobreza y la exclusión siguen sin resolverse y, aún más preocupante, no parece ser fácil resolverlos manteniendo ciertos parámetros políticos y de políticas económicas. Bajo estas circunstancias, la consolidación de la democracia peruana puede tardar.

En 1990, el “péndulo peruano” se movió del populismo heterodoxo al neoliberalismo ortodoxo (Gonzales-Samamé 1994). Fue el año del “turning-point” de un modelo económico y de un tipo de estado que habían llegado a su agotamiento. A partir de entonces, el Perú entraría en la era “neoliberal” en lo económico, que los cuatro gobiernos que se han sucedido han mantenido en sus principios básicos.

Pero también, en 1992, se movió el péndulo político: de la democracia al autoritarismo, pues el gobierno de Alberto Fujimori disolvió el Congreso y gobernó con un régimen que fue calificado de “democradura” (López 1993). Sólo después de 10 años, en septiembre del 2000, el “fujimorato” cayó estrepitosamente bajo el signo de la corrupción, la crisis económica y política. Se instaló así un gobierno de transición que, bajo la experimentada y diestra mano del Presidente Paniagua, logró el retorno a una democracia plena y a elecciones en 2001, que hasta ahora se ha mantenido.

Por otro lado, debido a los drásticos cambios económicos, políticos e institucionales que se sucedieron en los años noventa, también se movió el “péndulo de largo plazo”, es decir, el Perú cambió de modelo de funcionamiento económico, de reglas del juego y de régimen de acumulación del capital. Estos cambios han sido profundos y estructurales, sin embargo no han logrado conmover los cimientos de la desigualdad, la pobreza y la falta de empleo “decente”. Obviamente, el problema es que el nuevo modelo económico bajo régimen neoliberal no ha logrado, por lo menos hasta ahora, sentar las bases para resolver estos problemas, que están en el origen del conflicto social, el cual hace difícil consolidar la gobernabilidad democrática. 

Cuando el Ingeniero Alberto Fujimori llegó a la presidencia en 1990, encontró un país sumido en crisis económica (hiperinflación), política (pulverización de los partidos políticos y terrorismo) y social (proceso de desintegración). Cuando se fue en octubre del 2000, dejó al país en crisis económica (recesión y desempleo), política (corrupción del gobierno), social (pobreza y exclusión) y moral (crisis de las reglas de comportamiento social). Cumplió un ciclo de diez años que comenzó y terminó con crisis, aunque el Perú había cambiado económica y socialmente. 

En otros trabajos hemos analizado con detalle las condiciones bajo las cuales un gobierno como el de Fujimori pudo emprender un drástico ajuste económico, conocido como el fujishock, y un conjunto de reformas neoliberales bastante radicales. Debido a varias circunstancias previstas e imprevistas se generó una coalición entre Fujimori-militares-organismos multilaterales, que se constituyó en la clave para que un país casi desintegrado pudiera ser gobernado y pudiera emprender el largo camino de la estabilización, las reformas y la recuperación económica y política. Los militares se constituyeron en una mezcla de partido político con fuerzas del orden que facilitaron la aplicación de las políticas económica y social. Los organismos internacionales le dieron viabilidad financiera a un país que, en aquel momento, estaba considerado como “paria” del sistema financiero internacional.

Así, con esta inusual alianza, el frente interno, donde el accionar terrorista y guerrillero había puesto en situación de emergencia más de la mitad del territorio nacional, y el frente externo pudieron ser controlados. Ante la orfandad de planes e ideas económicas del gobierno Fujimorista, los organismos multilaterales propusieron la aplicación de las recetas del “Consenso de Washington” (Williamson 1989), como única posibilidad de solución a los agobiantes problemas que tenía el Perú. A mi modo de ver, este apoyo teórico y doctrinario fue el mayor aporte de los organismos de Washington, pues éste les permitiría controlar la aplicación de las reformas y obtener ganancias gracias a los diversos préstamos que ofrecieron al Perú . Una vez establecidas las alianzas y coaliciones el gobierno de Fujimori se lanzó en un largo proceso de ajustes de corto y largo plazo con tres fases bastante definidas:

• 1990-92 Del shock económico al autogolpe de estado.

Agosto de 1990 será un mes de penosa recordación, pues los peruanos comenzaron a pagar los costos de malos resultados y gestiones económicas anteriores. En un mes la inflación alcanzó a 397% y el año cerró con 7,650%. Fue el resultado del shock aplicado para revertir los principales desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, baja presión tributaria, déficit externo en la balanza de pagos, hiperinflación y desalineamiento de los precios relativos. La opción de la política macroeconómica fue la del sinceramiento de los precios de bienes y servicios públicos, ajuste fiscal y la elección de un ancla monetaria, en lugar de una cambiaria, con lo cual la devaluación fue bastante pequeña. El efecto de esta combinación fue muy recesivo para la economía (ver cuadro 1) pero cortó la inercia inflacionista. Viendo este tema 16 años después, hay que reconocer que la situación previa obligó a un esquema de política macroeconómica que posteriormente estaría en el origen de la baja creación de empleo, pues se prefirió ajustar los mercados de bienes y capital, a costa del ajuste recesivo del mercado de trabajo.

Los problemas ulteriores de falta de conexión de la producción con el empleo se originaron en esta primera etapa, sobre todo porque en ella se sentaron las bases para la fijación de los precios relativos: el tipo de cambio con tendencia a la sobrevaluación, los precios públicos caros, las tasas de interés elevadas y los salarios relativamente bajos.  La relativa escasez inicial de divisas, en una economía dolarizada por la inflación, se resolvió obligando a los tenedores de dólares a cambiarlos para pagar las altas tasas de impuesto que se impusieron para resarcir la caja fiscal. Pero se hizo aún más, se abrió la cuenta de capitales, es decir se liberalizó la entrada y salida de capitales. Esta medida fue también crucial para los resultados futuros del nuevo modelo, pues atrajo gran cantidad de capitales generando una sobreabundancia de dólares, que presionó el tipo de cambio a la baja. En general se aconseja que esta medida se haga al final de las reformas, con dos fines, en primer lugar para no distorsionar el tipo de cambio y en segundo lugar, para complementar el ahorro interno, una vez que se ha estabilizado la economía y, sobre todo el sector externo real. 

Lo cierto es que también había prisa en los funcionarios del gobierno de “hacer todo lo antes posible”, bajo la premisa de que en un ajuste estructural hay que proponer como 100 para lograr como 40 ó 60 (Boloña 1996). Es por ello, que la liberación del mercado de capitales se hizo antes de iniciar las reformas propiamente, generando efectos adicionales sobre los precios y sobre el nivel de actividad.  El efecto de todas estas medidas es obvio que generó una recesión importante con una caía del PBI de -5.1% el año 1990, con un rebote al año siguiente y estancamiento el año 1992. El aspecto político más remarcable del fuji-shock fue la débil resistencia de las organizaciones sindicales, políticas y sociales a cambios que los estaban afectando en sus salarios, en sus niveles de vida, en su empleo y en su bienestar. Probablemente, esta baja resistencia es la que permitió que se siguiera adelante con medidas más radicales: las reformas. 

Con el cambio de ministro de economía en febrero de 1991 se intensificó el proceso de reformas, entre marzo de 1991 y diciembre de 1992 fueron aprobados 923 decretos-leyes que impulsaron las privatizaciones, la desregulación, la liberalización de los mercados, sobre todo el mercado de trabajo, la reforma de la administración tributaria. El Consenso de Washington en toda su intensidad se había hecho presente en el Perú. Sin embargo, el Congreso, en el cual el gobierno no tenía mayoría, se resistió a apoyar las medidas sin debatirlas. Esto y otros factores de tipo político (Cotler 1993, López 1993) sirvieron de pretexto para que en abril de 1992 el presidente Fujimori se inflingiera un “auto golpe” cerrando el Congreso e interviniendo una serie de otras instituciones, como el poder judicial, para establecerse en los hechos una dictadura. A partir